En los últimos seis meses el Gobierno gastó 319 millones en publicidad oficial y no piensa auxiliar a los municipios

La sesión terminó a las 21:49: fueron 9 horas en total. Zabala Chacur expuso de manera corrida hasta las 20:30. Primero hizo un extenso repaso económico donde se dedicó a cuestionar las políticas de Mauricio Macri y después le dio lugar a la jefa de Comité de Crisis, María José Zanglá para que hablara de la situación epidemiológica por la pandemia.

La jefa de Gabinete de Rodríguez Saá se sentó frente a los diputados provinciales porque así lo establece la Ley de Ministerios, y aunque debe hacerlo todos los meses en la Legislatura esta fue su primera vez. Debía limitarse a responder unas cien preguntas que acercaron los legisladores, sin embargo desvió el eje.

En un momento quiso apurar el ritmo e imponer el cierre con la excusa de que debía estar presente en el reporte nocturno sobre COVID-19, pero desde San Luis Unido el copresidente del bloque, Gastón Hissa le dejó en claro que la oposición iba a repreguntar y tenía una serie de interrogantes. Incluso el gobernador la llamó en plena sesión.

En el monólogo inicial hubo pasajes en los que sobreactuó y hasta tuvo una actitud sobradora hacia los legisladores opositores. En varios tramos exhibió problemas de dicción, estuvo dubitativa y dejó ver también algunos gestos de irritación. Con todo no pudo hacer una presentación con solvencia y dejó un cúmulo de interrogantes y preguntas sin responder. En el presidente Juan Carlos Eduardo fue evidente la falta de oficio y en la parte de las repreguntas perdió el control de la sesión ya que no pudo establecer el orden.

“Vengo a dar cuenta de la marcha del Gobierno de Alberto y a ser coherente. Fueron cuatro años de sufrimiento económico, Argentina sufrió mucho y reconstruirla no será fácil”. De ese modo terminó el informe crítico hacia el expresidente. Justificó que antes de ir al grano debía “hacer un balance de la historia”.

“Puedo decir que el Gobierno marcha de manera prudente, que no posee deuda, y sus presupuestos son equilibrados”, planteó para darle paso a Zanglá.

Zabala Chacur retomó la palabra a las 14:59 hasta las 20:30 que fue cuando los diputados tuvieron el tiempo para expresar las inquietudes que casi en su totalidad, aunque con la resistencia de sus pares oficialistas, fueron efectuadas por el interbloque San Luis Unido y Todos Unidos. El Frente Unidad Justicialista no formuló ninguna consulta.

Ofreció datos que giraron alrededor de temas importantes. Por ejemplo que el Gobierno gastó en los primeros seis meses del año, $319 millones en publicidad oficial; que no tiene pensado “auxiliar” económicamente a los municipios de la Provincia y que en lo que va del año Rodríguez Saá ejecutó $14 millones en gastos reservados libres de justificación.

No dio más detalles sobre esto último y se escudó en que “los gastos reservados previstos en la ley de presupuestos no están sujetos a rendición”. Para ello nombró el artículo 57 de la Ley 256 del 2004.

La jefa de Gabinete también dejó asentado que la gestión de Rodríguez Saá no se involucrará para poner fin a la crisis que vive el transporte de pasajeros.

“Se han agotado diversas medidas con el objeto de garantizar el servicio de pasajeros”, empezó a decir para contestar qué medidas adoptó el Gobierno para el normal funcionamiento.

“Es una actividad que necesita un monitoreo permanente y requiere una dinámica de tareas para que sea aplicable. Para esclarecer la consulta deberíamos saber a qué se refiere con problemática”, dijo.

Expuso que: “El Gobierno entregó fondos, como por ejemplo, en enero se firmó un convenio con la Nación para la recepción de un subsidio aprobados en la resolución 14/2020. Se disponían fondos nacionales y provinciales”. Habló de la existencia de un “nuevo convenio que está en análisis”.

“Sin embargo, aun con convenios y subsidios, que habían sido quitados y que vuelven ahora que son paliativos, recuerden que entregan fondos provincias y nacionales, tuvimos un paro de transporte. Creo que el problema es más allá del subsidio”, opinó.

Detalló que la Nación le debe a San Luis $24.607.574.618,79, y que hasta la fecha no han sido cobrados, aunque dijo “que los canales de diálogo están abiertos”, y que la situación de la pandemia por el Covid 19 “dilató las conversaciones”.

La pauta oficial

“Como cuestión previa y dando cómo se formula la pregunta quiero dejar sentado que la legitimidad es un principio respetado y resguardado en la gestión pública”, dijo para responder sobre “el detalle de contrataciones efectuadas en concepto de gasto de publicidad oficial o propaganda”, correspondiente a 2019 y lo que va de este año. Destacó que todos los soportes son auditados, que la contratación es mediante San Luis Sapem (organismo del Gobierno) y que alcanza a más del “90% de los medios” de toda la provincia.

Pero en concreto solo se refirió a los primeros meses de 2020. De enero a mayo de este año se destinó una inversión de $319.789.143.

Detalle

En vía pública: grandes formatos (como cartelería), papel, medios gráficos (16 proveedores) se destinaron $60.322462,29.

En medios digitales: páginas web, plataformas, redes sociales, etc. (43 proveedores) se gastaron $122.826.750.

En medios radiales: (152 proveedores entre radios y programas) la inversión fue de $47.547.500.

En medios de televisivos y cinematográficos: (37 proveedores, involucrando a 37 señales, programas y 216 canales) se hizo una inversión de $32.303.800.

En servicios de 74 profesionales, técnicos y empresas, entre ellos periodistas, correctores, fotógrafos, camarógrafos, etc, servicios de producción audiovisual, medios analógicos y digitales, servicios de transmisión, todos los soportes, honorarios de producción para otras áreas de gobierno, el gasto fue de $56.788.630,79.

Sobre el rol de Gustavo Valenzuela Linage en el Gobierno, la jefa de Gabinete se limitó a contestar: “Es proveedor de la empresa San Luis Sapen y obviamente que tiene una función de asesoramiento con el Gobierno provincial”.

Cuando tocó el tema de los municipios dijo que “la pandemia lo modificó todo”, y consideró que si bien el Gobierno nacional “ha dado ayuda en el marco de la caída de la recaudación, no se ha logrado mantener los niveles esperados”.

En medio de la emergencia sanitaria, dijo que “el gran peso lo tiene el Gobierno provincial”.

“¿Por qué podemos hacer frente? Porque tenemos una administración ordenada, cosa que no sucede con los municipios. Hemos vivido los recortes como ellos. La Provincia hizo un esfuerzo durante estos cuatro años, no podemos darle un salvataje”. De ese modo se refirió cuando tuvo que responder una pregunta que había evitado contestar.

Reconoció que la Provincia tuvo que hacer uso del fondo anticrisis por la caída de la recaudación, y defendió esos dineros porque son parte de una "política de Estado”.

Informó que el fondo anticrisis “es para hacer frente al pago de la obra pública presupuestada y en ejecución para el ejercicio del 2020. Es decir, el destino del fondo es la obra pública”.

Suspendidos

No reconoció que hubo despidos o bajas de beneficiarios de planes sociales y empleados públicos, por violar la cuarentena obligatoria que se dispuso a mediados de marzo. Dijo que por el contrario fueron “suspendidos”. Habló de un total de 448 beneficiarios del Plan de Inclusión y 520 pertenecientes a las becas 22AG, de toda la provincia.

“Del Plan de Inclusión, 69 fueron reincorporados ya que presentaron la documentación respaldaba su versión de los hechos”, aseguró la funcionaria.

Agregó que a la fecha hay otros 379 casos en análisis: “Los tenemos suspendidos, estamos recibiendo documentación y derecho de defensa”.

También confirmó el total de personas que a la fecha reciben algún beneficio social: 19.991 pertenecen a las becas 22AG y 29.950 al Plan de Inclusión Social.

Detalló por departamento lo siguiente: Ayacucho (22AG: 1525 y Plan Inclusión Social: 1354). Belgrano (22AG: 86 y PIS: 371). Chacabuco (22AG: 1365 y PIS: 1269). Pringles (22AG: 707 y PIS: 1181). Pedernera (22AG: 5019 y PIS: 4149). Dupuy (22AG: 1317 y PIS: 360). Pueyrredón (22AG: 9359 y PIS: 19530). Junín (22AG: 480 y PIS: 1308). San Martin (22AG: 133 y PIS: 428).

Zabala Chacur aseguró que el Gobierno “no registra deuda exigible" con el Círculo Médico.

En el debut dejó dudas y no quedó bien parada frente a planteos de Hissa, Luis Lucero Guillet y Fabiana Zárate de San  Luis Unido. Desde Todos Unidos y Peronismo del Interior también la dejaron expuesta.

Cobertura periodística: Julián Pampillón – Catalina Ysaguirre

Videos: Víctor Albornoz.

Fotos: Marcos Verdullo.

Edición: Gonzalo López.